A pesar de los anuncios acerca de que el famoso "carro popular", producto del acuerdo VenezuelaIrán, en la empresa Venirauto, sería una solución para quienes quieren tener vehículo barato, en la planta ensambladora hay unas mil unidades que se están deteriorando. La denuncia la hizo el diputado Rodolfo Rodríguez, miembro de la comisión de Contraloría, de la Asamblea Nacional (AN), quien viene realizando una investigación, desde hace meses, en relación con las irregularidades presuntamente cometidas en este convenio. "Existe un inmenso estacionamiento, que se ve desde la Autopista Regional Centro, donde se amontonan cientos de vehículos ensamblados y acumulados desde el 2008, porque le faltan piezas que vienen desde Irán por barco y están deteriorándose, llevando sol, agua y tierra", explicó el parlamentario.
Rodríguez también denunció que la investigación "ha sido paralizada en la AN", pese a que una subcomisión de parlamentarios hizo visitas a las instalaciones en el estado Aragua y hasta el presidente de la empresa fue interpelado.
"Abrimos el caso Venirauto para precisar si ha habido da− ños patrimoniales, lo que se añade a una serie de irregularidades en la empresa venezolano−iraní", dijo Rodríguez. Ratificó que a sus manos han llegado otras quejas de los trabajadores, "a quienes no les pagan desde hace meses. Además, tenemos dudas sobre el rendimiento de la ensambladora".
Venirauto fue fundada en el 2006 y el Estado venezolano posee 64,08% de las acciones. Según las investigaciones de Rodríguez, hay "un evidente incumplimiento de las metas de producción, puesto que se pretendía que serían ensamblados 16 mil carros al año, pero la empresa nunca ha excedido de las cuatro mil unidades, debido a la escasa incorporación de piezas y partes locales, así como la mala administración de la compañía". Cuando Rafael Bolívar, presidente de Venirauto, acudió a la comisión de Contraloría, confesó que la deuda de la empresa con los socios iraníes era de 104 millones de dólares, como consecuencia de la paridad cambiaria y la devaluación que se produjo entre el 2009 y 2010. En 10 días termina el primer período de sesiones de la AN y la comisión no ha informado qué pasa con este caso.
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